Andamos otra vez a vueltas con el dopaje en el deporte. Aunque, desgraciadamente, parece que la única disciplina pervertida y contaminada por las sustancias prohibidas es el ciclismo. La lucha contra los tramposos en las competiciones deportivas demuestra la hipocresía de los políticos y, en algunos casos, de los medios, que magnifican o minimizan los casos de dopaje dependiendo de su procedencia. La justicia deportiva, si podemos llamarla así, dudando de las dos palabras que la componen, se encarga de juzgar las ilegalidades en las competiciones. Pero en ocasiones irrumpe la justicia ordinaria, que aunque sea justa debe tener algo de ordinariez. Creo que la acción contra los tramposos en el deporte es obligada, y toda condena será siempre escasa, porque se adultera la esencia de la competición, se pone en riesgo la salud del deportista y se engaña al espectador.
Sin embargo, me rebelo contra la criminalización de quien no ha cometido un crimen. Pese a que algunos casos de dopaje pueden ser considerados como un delito, el ciclista - suele ser el protagonista de las portadas -, el waterpolista o el corredor de fondo cumplen su sanción y pasados los dos años que establecen las normas pueden volver a competir con normalidad. Han cometido un error gravísimo, han puesto en riesgo su carrera (la mayoría de los deportistas que dan positivo no rinden a buen nivel al volver a competir) y han perjudicado a la imagen del deporte. Pero es injusto y absurdo recurrir a la crucifixión del infractor si no se ponen medios para evitarlo. No basta con controles exhaustivos, los análisis se multiplican y los dopajes se perpetúan. La solución está más abajo, en la formación de los jóvenes deportistas, que deben huir del éxito instantáneo y de la tentación del riesgo. Algunos no saben a lo que se exponen. Si todo lo que tiene que decir el Secretario de Estado para el Deporte es que se actuará con firmeza y rotundidad como siempre, entonces no se pondrá fin al problema y el político de turno tendrá muchas más oportunidades para colgarse la medalla y decir que actuaron con firmeza y rotundidad contra aquel tramposo. Pero no evitarán que el siguiente se esté poniendo en la cola.
Sin embargo, me rebelo contra la criminalización de quien no ha cometido un crimen. Pese a que algunos casos de dopaje pueden ser considerados como un delito, el ciclista - suele ser el protagonista de las portadas -, el waterpolista o el corredor de fondo cumplen su sanción y pasados los dos años que establecen las normas pueden volver a competir con normalidad. Han cometido un error gravísimo, han puesto en riesgo su carrera (la mayoría de los deportistas que dan positivo no rinden a buen nivel al volver a competir) y han perjudicado a la imagen del deporte. Pero es injusto y absurdo recurrir a la crucifixión del infractor si no se ponen medios para evitarlo. No basta con controles exhaustivos, los análisis se multiplican y los dopajes se perpetúan. La solución está más abajo, en la formación de los jóvenes deportistas, que deben huir del éxito instantáneo y de la tentación del riesgo. Algunos no saben a lo que se exponen. Si todo lo que tiene que decir el Secretario de Estado para el Deporte es que se actuará con firmeza y rotundidad como siempre, entonces no se pondrá fin al problema y el político de turno tendrá muchas más oportunidades para colgarse la medalla y decir que actuaron con firmeza y rotundidad contra aquel tramposo. Pero no evitarán que el siguiente se esté poniendo en la cola.
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